La paradoja es nítida: Chile exhibe altas coberturas formales de agua potable y alcantarillado, pero gran parte del caudal que recoge sigue descargándose al océano sin un uso productivo; mientras tanto, en el campo persisten brechas de acceso y sistemas frágiles que convierten al saneamiento en un riesgo sanitario y ambiental. Este reportaje reúne datos oficiales, auditorías y estudios recientes para dar cuenta de por qué el país necesita —con urgencia— pasar de la mera disposición al reúso y la mejora del saneamiento rural.
Según la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), a diciembre de 2023 la cobertura nacional formal de agua potable alcanzaba prácticamente el 100% (99,94%) y la de alcantarillado se situaba en torno al 97% en las zonas concesionadas. Esos números describen redes y conexiones; no expresan automáticamente calidad, continuidad, niveles de tratamiento final ni destino del efluente.
En paralelo, el Estado registra y opera más de tres centenares de plantas de tratamiento (PTAS) en el país —304 PTAS reportadas en documentos oficiales del sector—, pero su distribución, nivel tecnológico y grado de fiscalización son heterogéneos. Muchas plantas realizan tratamientos básicos y su producto final es vertido a emisarios o a cuerpos receptores con diferentes grados de control.
La realidad en el mundo rural muestra otra cara: el programa APR (Agua Potable Rural) del MOP documenta que cientos de miles de personas siguen sin acceso a agua por red en condiciones adecuadas; en la formulación del Programa APR se consignan cifras como ~325.000 habitantes rurales sin acceso a redes y una conectividad rural reportada en torno al 47% (datos de Censo 2017 y reformulación de programas públicos). La encuesta y análisis parlamentario también señalan que en áreas rurales el alcantarillado es todavía excepcional (porcentajes muy inferiores a los urbanos). Es decir: la cobertura formal nacional convive con bolsas extensas de déficit real en el territorio.
Coquimbo: la región que ilustra el dilema
En la Región de Coquimbo —epicentro de una sequía prolongada— la discusión sobre aguas servidas dejó de ser abstracción. El Gobierno Regional expuso ante la Comisión de Recursos Hídricos que, según sus cifras, cerca del 72% del volumen de aguas servidas tratadas en la región termina descargado al mar por emisarios submarinos —frente a un promedio nacional que la propia autoridad regional compara en sus exposiciones— y que hay en promedio caudales próximos a 900 L/s que podrían ser reaprovechados si se invirtiera en tratamiento y reúso. Además, 11 de 15 comunas de Coquimbo han estado bajo decretos de escasez hídrica y los embalses regionales se encontraban en niveles críticamente bajos en 2025, lo que intensifica la presión por soluciones alternativas.
La prensa local y reportes técnicos han documentado que en la región existen emisarios activos (La Serena, Coquimbo -sector Panul-, Los Vilos) y que proyectos pilotos de reúso o plantas complementarias han avanzado con lentitud o están en fase de estudios, pese a diagnósticos que señalan una oportunidad clara de recuperar recurso hídrico. También se han registrado episodios de rebases y fallas en colectores que motivaron investigaciones de fiscalización.
Estudios recientes de monitoreo costero y trabajos académicos documentan episodios repetidos de contaminación fecal en el borde costero chileno, con excedencias de indicadores bacterianos (coliformes fecales) en múltiples episodios entre 2010 y 2023; varias de estas investigaciones encuentran correlaciones entre eventos de contaminación y la presencia de emisarios submarinos en operación. La exposición humana por recreación y el impacto en pesca y turismo son riesgos reales documentados por la literatura local e internacional. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las normas de salud pública establecen que la contaminación fecal de aguas recreativas representa un riesgo claro de transmisión de enfermedades gastrointestinales y otros patógenos.
En Chile existe regulación sobre límites y monitoreo (por ejemplo normas de emisión y reglamentos sanitarios), pero informes de fiscalización y comisiones parlamentarias han detectado deficiencias operativas en plantas, fallas en gestión de lodos y problemas de autocontrol por parte de prestadores que complican la garantía sanitaria y ambiental en la práctica.
Marco normativo y avances legislativos
En el Parlamento y en la administración pública se están discutiendo cambios: hay proyectos de ley que buscan regular específicamente la reutilización de aguas residuales provenientes de emisarios submarinos, además de normas recientes que regulan la recolección y tratamiento de aguas grises y parámetros sanitarios (por ejemplo disposiciones con límite operativo para coliformes fecales en ciertos usos). Estas iniciativas buscan crear un marco claro para inversiones públicas y privadas en reúso (riego agrícola, usos industriales, recarga de acuíferos, etc.), aunque su tramitación y su traducción en proyectos concretos requieren presupuesto, diseño técnico y gobernanza local.
El consenso técnico es conocido: el reúso viable exige que las aguas reciban tratamientos secundarios/terciarios y etapas adicionales (desinfección, filtración, calidad controlada según uso) y una gobernanza que garantice monitoreo, trazabilidad y aceptación social. Estudios de evaluación de la zona centro-norte muestran que el reúso puede ser financieramente razonable frente al costo de escasez, especialmente si se combina con desalación y recarga artificial según el uso propuesto (agricultura, industria, recarga). En la práctica, sin embargo, faltan modelos económicos claros, instrumentos regulatorios homogéneos y financiamiento que permita pasar de pilotos a escala.
Fiscalización, transparencia y prioridades políticas
Los documentos oficiales del sector reconocen que la fiscalización y la regulación son determinantes: la SISS y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) han intensificado auditorías y programas de vigilancia, pero informes públicos muestran que la supervisión no siempre es suficiente para detectar y corregir fallas de operación antes de que generen impactos. En la región de Coquimbo han existido investigaciones puntuales sobre descargas y rebases que ilustran esa tensión entre regulación, operación y resultado ambiental.
Chile tiene la infraestructura y el conocimiento técnico para convertir millones de metros cúbicos de efluentes en un recurso —especialmente en zonas con sequía estructural—, pero el país arrastra tres déficits simultáneos que bloquean esa transición: (1) brechas funcionales en el saneamiento rural, donde la cobertura efectiva y la operación son insuficientes; (2) infraestructura urbana de tratamiento heterogénea y, en varios casos, obsoleta; y (3) un marco de incentivos, fiscalización y financiamiento para el reúso que aún está en desarrollo legislativo y administrativo. Superar esos déficits requiere inversión sostenida, claridad regulatoria que proteja la salud y el ambiente, y mecanismos transparentes de monitoreo y participación comunitaria. Los proyectos en Coquimbo —y otros pilotos nacionales— muestran la ruta, pero también la lentitud con que se traducen las propuestas en obras y reaprovechamiento real.
