En el corazón de una crisis hídrica que azota a la Región de Coquimbo desde hace más de una década, el megaproyecto de la Planta Desaladora de El Panul, erigido como una prioridad presidencial, ha vuelto a sufrir un revés en sus plazos de licitación. Esta postergación ha reavivado el escepticismo entre la ciudadanía y las autoridades locales, quienes claman por soluciones concretas frente a la escasez de agua.
La planta, que se ubicará en la Ensenada del Panul, al sur de Coquimbo, representa una inversión estimada en US$ 350 millones y será la primera concesionada en el país. Su objetivo es asegurar el abastecimiento de agua potable para aproximadamente 460.000 habitantes de la conurbación La Serena-Coquimbo, con una capacidad inicial de 800 litros por segundo (l/s), ampliable a 1.200 l/s para el año 2031.
Un Nuevo Aplazamiento en el Calendario
La Dirección General de Concesiones (DGC) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha comunicado un nuevo cambio en el cronograma. Originalmente, la recepción de ofertas técnicas y económicas estaba fijada para el 2 de septiembre de 2025, y la apertura de ofertas económicas para el 14 de octubre de 2025. Sin embargo, la DGC ha extendido estos plazos al 23 de septiembre y 24 de octubre de 2025, respectivamente.
Según Claudio Soto, director general (s) de Concesiones, esta decisión busca «asegurar el éxito» y permitir que los seis grupos licitantes interesados presenten ofertas competitivas, tras solicitar más tiempo para un análisis técnico profundo de las modificaciones y respuestas a consultas.
Reacciones desde la Región: Entre la Cautela y la Frustración
Este nuevo retraso ha encendido las alarmas en la Región. El Gobernador Regional, Cristóbal Juliá, se mostró más cauto que en ocasiones anteriores, señalando que «esperamos que esta ampliación de plazo contribuya a avanzar con determinación en un proyecto tan necesario como la planta desaladora para nuestra región». Subrayó que la lucha contra la crisis hídrica requiere «voluntad política, gestión eficiente y diálogo entre todos los actores».
No obstante, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, fue más crítica, expresando que los «retrasos constantes generan incertidumbre y frustración» en la comunidad. La edil espera que la desaladora «realmente se concrete y no sea un volador de luces más», haciendo un llamado a garantizar el derecho de la gente a tener «calidad de vida y agua segura».
Desde el ámbito privado, Ricardo Guerrero, gerente de la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional (CIDERE), aunque reconoció que la postergación responde a solicitudes del sector privado, lamentó que «este no es el primer contratiempo que sufre este proceso licitatorio» y atribuyó parte de la demora a la tardanza del MOP en contestar las consultas técnicas. Guerrero instó al gobierno a que este «debiera ser el último traspié».
Evaluación Ambiental: Un Proceso Lleno de Observaciones
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, ingresado en octubre de 2024, ha generado un exhaustivo Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (Icsara) con más de 700 observaciones. Estas incluyen la necesidad de precisar el destino de las aguas, actualizar el área de influencia del proyecto en todas sus fases, rectificar los posibles efectos en las Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos (AMERB) y analizar el impacto del cambio climático en los eventos de oleaje extremo hasta 2080.
Asimismo, el Gobierno Regional de Coquimbo ha solicitado un análisis «exhaustivo» de la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) al 2030, ya que el titular solo había considerado la ERD al 2020, un instrumento desactualizado.
Preocupaciones por el Ecosistema Marino
Una de las aristas más sensibles del proyecto es el impacto ambiental, particularmente la descarga de salmuera, el concentrado hipersalino que resulta del proceso de desalinización. La oceanógrafa Dra. Laura Farías, investigadora del CR2, ha explicado que esto puede aumentar la salinidad del agua, causando estrés osmótico en los organismos marinos y afectando su metabolismo, crecimiento, reproducción y la biodiversidad en general. También se advierte sobre la succión de agua que podría afectar larvas de peces y moluscos, y la concentración de metales traza.
El Movimiento Ecopanul ha mantenido su férrea oposición, denunciando que el proyecto utiliza una tecnología «obsoleta» para la descarga de salmuera, lo que podría provocar una «devastación al ecosistema marino», afectando incluso al plancton y exacerbando la acidificación de los océanos. Además, han destacado la riqueza de biodiversidad de matorral esclerófilo costero y hallazgos arqueológicos en El Panul. A nivel global, un estudio de Naciones Unidas de 2019 ya alertó que las desalinizadoras producen 1.5 litros de salmuera por cada litro de agua dulce.
La ex Gobernadora Regional, Krist Naranjo, había instado al MOP a «diversificar y reciclar la sal y no devolverla al mar» junto con los químicos del proceso, sugiriendo que esta medida debería ser incorporada en la etapa de diseño. El Dr. Orlando Astudillo del CEAZA, aunque ve la desalinización como una estrategia de adaptación, subraya la necesidad de un plan integral y un monitoreo riguroso durante todo el proceso.
Ovalle Excluido del Diseño Inicial
Una de las novedades más comentadas es la confirmación por parte de la Seremía del MOP de Coquimbo de que el diseño actual de la planta desaladora no considera infraestructura ni distribución directa de caudales hacia la provincia del Limarí, específicamente Ovalle. Esta exclusión, a pesar de compromisos presidenciales previos que contemplaban el envío de agua a Ovalle, ha sido calificada como «inaceptable» por el diputado Víctor Pino, quien se ha comprometido a trabajar para revertir esta situación.
En contraste, y tras gestiones del diputado Pino, se ha confirmado que los vecinos del sector El Panul sí serán abastecidos con agua potable de la planta, resolviendo una problemática que los afectaba por más de una década.
La Necesidad de un Marco Legal Específico
Expertos han enfatizado la ausencia de una legislación específica que regule la industria de la desalinización en Chile. Existe un proyecto de ley (boletín 11608-09) en trámite desde 2018, al que se le ha otorgado «urgencia simple», y se espera sea despachado en el primer semestre de 2025. Esta normativa buscaría priorizar el consumo humano y regular la descarga de salmueras.
La Región de Coquimbo, con 30 empresas interesadas en la licitación, entre chilenas, francesas, españolas y chinas, observa con expectación el desarrollo de este proyecto. La urgencia hídrica sigue siendo imperante, pero la comunidad y los expertos demandan que la solución se concrete sin comprometer el frágil equilibrio ambiental ni la participación ciudadana, y con una gestión transparente y eficiente.
